El conflicto de Tigray copa las elecciones en Etiopía

17.06.2021

El próximo lunes 21 de junio, Etiopía celebra elecciones generales, pero no todos podrán votar. La región de Tigray es uno de los lugares donde los comicios se han pospuestoindefinidamente. Desde hace 7 meses y medio, el gobierno nacional, comandado por el primer ministro Abiy Ahmed, está en guerra en esa región contra el Frente de Liberación Popular de Tigray (FLPT), partido que gobernaba la región y representa a la etnia tigriña.
El primer ministro etíope declaró su victoria a las tres semanas tras alcanzar Mekele, la capital regional, pero meses después ha admitido que las fuerzas de seguridad nacionales siguen luchando en una guerra de guerrillas "difícil y tediosa". Lo que en un principio se anunció como una intervención militar por un conflicto político ha acabado por convertirse en una guerra con 1,6 millones de desplazados y en la que el 91% de la población está en riesgo de hambruna.

La guerra en Tigray ha echado por tierra todo el rédito político obtenido por Ahmed en sus primeros meses en el gobierno. A pocos días de las elecciones con las que busca revalidar su proyecto, al primer ministro que se presentaba como pacifista, renovador y unionista se le amontonan los problemas dentro y fuera de su país. Ahmed no ha demostrado ser capaz de solventar un problema político y territorial enquistado en la historia de Etiopía.

Cómo hemos llegado hasta aquí: contexto de un país etnofederal

Para entender las raíces del conflicto en Tigray hay que mirar la historia y características de la sociedad etíope. En 1991, la oposición se unió bajo las siglas del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (FDRPE) para derrocar al gobierno comunista en vigor durante 17 años. La coalición la formaban los partidos representantes de los principales pueblos del país. En Etiopía conviven más de 80 etnias, aunque tan solo cuatro de ellas superan cada una el 5% de la población y suman tres cuartas partes de la población. La oromo es la principal representando a un tercio de los etíopes, seguida por la amhara con un 27% y la somalí y la tigriña, con poco más de un 6% cada una.
Los partidos buscaron reconocer la diversidad identitaria y acordaron en la constitución de 1995 que Etiopía se organizara como un país etnofederal, dividido en nueve Estados federales representando a los principales grupos étnicos, cada uno con grandes poderes regionales.
A pesar de ser minoritaria, la etnia tigriña fue quien asumió el poder dentro del nuevo país, donde la coalición del FDRPE era el único partido permitido. El mandatario del FLPT,Meles Zenawi, había liderado con sus fuerzas el ataque contra el gobierno comunista y como premio fue proclamado primer ministro. Zenawi gobernó durante 17 años hasta su muerte en 2012, durante el cual los tigriña comandaron la política de Etiopía. Tras su fallecimiento, los oromo y amhara demandaban un líder de su etnia, acusando a los tigriña de haberles apartado de las esferas de poder. Sin embargo, el FLPT supo maniobrar para colocar a Hailemariam Desalegn, de la minoritaria etnia wolaita, como nuevo primer ministro.
Dos años después, los oromo vieron como una provocación los planes del gobierno en 2014 de expandir el territorio de la capital, Adís Abeba, que les quitaba parte de su región.Las protestas derivaron en un estado de emergencia de diez meses entre 2016 y 2017 dada la situación de inestabilidad social y política. Con la coalición gobernante fracturada,Desalegn dimitió en 2018 y abrió el paso a una nueva época. El FDRPE nombró por primera vez a un líder oromo, Abiy Ahmed, apartando al FLPT de los puestos de mando.
Desde entonces, los líderes tigriña han acusado a Ahmed de una caza de brujas, acusándolos de falsos casos de corrupción y quitándoles de puestos de dirección. En 2019, Ahmed disolvió el FDRPE y creó el Partido de la Prosperidad. El primer ministro esgrimió que era necesario empezar desde cero con un partido de unidad nacional, pero los tigriña lo vieron como un claro movimiento para restarles influencia. El FLPT fue el único partido del FDRPE que descartó entrar en la nueva coalición.
La suspensión por parte del gobierno central de las elecciones generales y regionales, previstas inicialmente para mayo de 2020, fue el punto de inflexión en la escalada de tensión entre el Ejecutivo de Ahmed y el gobierno de Mekele. El partido anunció que sí celebraría los comicios en su región y que no reconocería a Ahmed a partir del 5 de octubre, fecha inicial en la que acababa su mandato, extendido ante la situación sanitaria. Para mostrar su poderío, el FLPT sacó a militares armados afines a su causa por las calles de la región y anunciaron estar "dispuesto a sacrificar todo por la paz". El gobierno regional prosiguió con su desafío y celebró los comicios en Tigray en septiembre, en los que arrasó con un 98,5% de los votos. El Ejecutivo nacional dijo no reconocer los resultados y suspendió la ayuda económica a la región. Menos de dos meses después,Ahmed acusó al FLPT de estar detrás del ataque a una base militar en Tigray, algo que ellos negaron. "Han cruzado una línea roja", dijo. Comenzaba la guerra.

Bloqueo y crisis humanitaria


Tigray está cerrada a cal y canto desde el 4 de noviembre de 2020, fecha en la que comenzó la ofensiva del gobierno nacional. El acceso a la región está bloqueado, las informaciones salen a cuentagotas y los primeros que sufren son los propios tigriña. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) calcula que el conflicto ha provocado el desplazamiento de al menos 1,6 millones de personas y el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas advierte que el 91% de la población tigriña necesita asistencia alimentaria.

El 2 de diciembre de 2020, Etiopía y Naciones Unidas (ONU) firmaron un acuerdo que permitía el acceso humanitario ilimitado hacia tierras controladas por el gobierno federal en Tigray con el fin de asistir a las personas desplazadas. Seis meses después, Josep Borell, Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior insta a Etiopía a abrir el acceso "inmediato y completo" de ayuda humanitaria hacia el país.

Desde la ONU insisten en la gravedad de la realidad humanitaria sobre los más vulnerables: niños y mujeres. Se estima que al menos 720.000 menores estén expuestos a condiciones de insalubridad, abusos sexuales y a la trata de personas. Para ellas, niñas y mujeres, la violencia sexual se ha convertido en un arma de guerra en sí misma: alrededor de 22.500 mujeres necesitan apoyo físico y psicológico tras sufrir eventos de violencia sexual surgidos a raíz del conflicto.

La llegada de alimentos está entorpecida por el aislamiento de la zona. El Cuerno de África, precedido por una de las mayores hambrunas del continente en 2011 tras sucesivos episodios de sequía, teme el desabastecimiento total de los alimentos y que la historia se repita 60 años después.

Nadie puede darles voz a los civiles afectados en una guerra en la que la comunicación sigue sin estar restablecida y los obstáculos para los periodistas que tratan de acceder a las zonas del conflicto persisten. Varios periodistas que trabajan para medios internacionales en la región fueron detenidos temporalmente por la autoridad nacional etíope. El periodista de la BBC Tigriña, Girmay Gebru, fue liberado sin cargos al igual que sus compañeros Tamirat Yemane, Alula Akaly y Fitsum Berhane, traductores del Financial Times y AFP. Las detenciones arbitrarias y expulsiones forzosas no solo salpicaron a periodistas de origen, sino también a extranjeros. Simon Marks, corresponsal estadounidense del New York Times, fue expulsado del país sin explicación oficial por el gobierno de Ahmed tras cubrir en sus reportajes violaciones a los derechos humanos.

Tras meses de conflicto, los tigriña aseguran que están siendo discriminados alrededor de todo el país. Algunos informaron que al subir a Ethiopian Airlines, la aerolínea de propiedad estatal, les exigen el documento de identidad para detectar su lugar de origen. Abune Mathias, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, una de las religiones más practicadas en el país, ha calificado la situación en Tigray como un acto genocida y de limpieza étnica.
Las hostilidades entre ambos grupos de poder no han hecho más que crecer. Los enfrentamientos armados, ataques aéreos y una guerra abierta conducen al Cuerno de África hacia una pesadilla. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) aseguró al inicio del conflicto que 44.000 refugiados etíopes habían cruzado al país vecino, Sudán, concretamente al campo de refugiados de Um Rakuba. La organización advirtió que esa cifra podría ascender a 100.000 desplazados, colapsando el sistema humanitario, asfixiando la oferta sanitaria agravada también por la propagación de la Covid-19, y duplicando las capacidades de las zonas de refugio.

El terror también al país vecino de la región de Tigray, Eritrea. El FLPT bombardeó Asmara, capital eritrea, a raíz de la entrada en su región de fuerzas de seguridad de Eritrea para apoyar al gobierno de Ahmed. Los tigriña han estado históricamente enfrentados con el gobierno del presidente eritreo, Isaias Afwerki, quien tras la entrada de Ahmed al poder restableció relaciones con Etiopía y ahora le apoya en el conflicto de Tigray. Un conflicto que se ramifica entre sus países vecinos y que a su vez, y paradójicamente, resulta inaccesible para la comunidad internacional y la ayuda humanitaria.

China y Rusia amenazan a Estados Unidos en el tablero etíope


A Etiopía la miran con lupa de cerca y de lejos. La inestabilidad social, la incertidumbre política y la tensión de que el conflicto se expanda a otras zonas del país y al Cuerno de África, preocupan a la comunidad internacional.

Occidente reclama el fin del conflicto y pone el foco en el Ejecutivo de Ahmed. Los principales líderes occidentales denunciaron en la reunión del G-7 las atrocidades, pidieron la apertura a la ayuda humanitaria y una profunda investigación de lo ocurrido. Estados Unidos lideró también la petición para la salida de fuerzas eritreas de la región.

Washington tiene en Etiopía a un socio clave en la lucha contra el terrorismo y lo demuestra siendo en uno de sus principales donantes. En 2008, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Alemania concedieron más de 3.000 millones de dólares al gobierno etíope. Ahora, la Administración Biden ha anunciado restricciones de visadospara funcionarios públicos y reclama tanto al Banco Mundial como al Fondo Monetario Internacional la retirada de la financiación al país tras reconocer Etiopía dos masacres que acabaron con la muerte de más de 300 civiles.

La Unión Europea ha cancelado su misión de observación de las elecciones por la falta de garantías. La organización supranacional, cercana al país etíope en su apoyo como país receptor de más de un millón de refugiados, pone el foco de atención en las ausentes condiciones electorales y el posible desequilibrio democrático.

En cambio, Rusia y China han mostrado su apoyo al gobierno de Ahmed. El Kremlin de Moscú añora la relación 'antiimperialista' con el país durante la Guerra Fría y ahora busca rememorar aquellos años. Además, la pandemia ha reforzado las relaciones entre Etiopía y China. A través de Adís Abeba ha llegado la ayuda sanitaria destinada al continente, transportada por Ethiopian Airlines, que gracias a reconvertir aviones a unos de carga ha podido mantener beneficios en 2020.

Pekín es el principal apoyo económico de Etiopía. El 60% de las inversión extranjera viene del gigante asiático, quien ha concedido 52 préstamos por valor de 13,7 mil millones de dólares al gobierno etíope, segundo al que más presta tras Angola.

Tras la suspensión de la financiación anunciada por Biden, el Ministerio de Juventud etíope organizó una manifestación anti-EE.UU. en la que se mostraron carteles con las caras del presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping. A principios de marzo, ambos países bloquearon la resolución de la ONU que buscaba poner fin al conflicto. Tanto China como Rusia no han dado explicaciones al respecto, evidenciando el silencio como un apoyo hacia el gobierno nacional etíope.

Ahmed: intentar caer bien a todo el mundo y acabar cayendo mal


La llegada de Abiy Ahmed fue vista como un nuevo comienzo para Etiopía. A sus 44 años, se postulaba como un líder renovador, pacificador y unionista. Eliminó a partidos nacionalistas de la lista de grupos terroristas, dio la bienvenida a líderes exiliados y aceptó que la etnia Sidama celebrara un referéndum para tener su propio Estado federal, el 10º en Etiopía, que se aprobó en 2020. A ello se unió la reapertura de la frontera con Eritrea tras restaurar las relaciones con el gobierno de Asmara, rotas en las últimas dos décadas, que le valió el Premio Nobel de la Paz de 2019.

Ahmed se propuso caer bien a todo el mundo. Por un lado, se abrió a Occidenteautoproclamándose capitalista y anunció la liberalización económica de sectores estratégicos como el de las telecomunicaciones: "Necesitamos la experiencia del sector privado". Dos años más tarde, Etiopía acaba de anunciar su primera licencia privada a un conglomerado de operadores extranjeros. Por otro lado, el gobierno etíope ha abierto sus ojos a nuevos inversores de Oriente Medio, sin posicionarse en la crisis del Golfo. Más allá de Turquía y Catar, con quienes ya mantenían buenas relaciones, Ahmed miró a Arabia Saudí, donde firmó el acuerdo de paz con Eritrea, y a Emiratos Árabes Unidos, de quien consiguió 3 mil millones de dólares en ayudas.

Preocupado por caer bien a todo el mundo, Ahmed se ha olvidado de caer bien a los etíopes. En su intento de unir al país por encima de las etnias, el primer ministro se ha autodeclarado medemer, una palabra en amhárico que significa unir esfuerzos. Esa estrategia le ha granjeado la oposición de quienes ven sus políticas como centralistas, similares a la época imperialista y alejadas del federalismo actual.

El primer ministro ha sufrido intentos de golpes de Estado en Oromia y Amhara y dos años después de asumir el poder, ha aumentado la represión ante las crecientes protestas alrededor del país. Un caso que demuestra la deriva autoritaria del primer ministro etíope es el de Jawar Mohammed, líder del nacionalista Congreso Federal Oromo. Mohammed estaba exiliado y volvió a Etiopía gracias al perdón de Ahmed, pero ahora se enfrenta a cadena perpetua tras ser acusado por el propio mandatario de incitar a la violencia comunitaria e intentar derrocar al gobierno tras las protestas por la muerte del cantante Hachalu Hundessa.

Este próximo lunes 21 de junio, Ahmed espera refrendar su proyecto con una victoria en las elecciones generales, pero los diversos frentes que tiene abiertos han convertido a los comicios en un evento irregular y carente de garantías democráticas. En 78 de los 547 distritos electorales no podrán votar por inseguridad y falta de transparencia. Entre ellas está la región Tigray al completo, así como los Estados federales Somali y Harar, estos dos últimos por "irregularidades en las papeletas", según el gobierno.


Menos de 37 millones de etíopes se han registrado para votar de los más de 117 millones de habitantes: alrededor de 56 millones de personas en edad de votar todavía no se han inscrito. La variedad de conflictos étnicos, el boicot de parte de la oposición y la falta de una alternativa clara hacen prever una victoria para el Partido de la Prosperidad de Ahmed, quien tiene en su mayor rival al partido liberal Ciudadanos Etíopes por la Justicia Social. Sin embargo, una victoria no será suficiente para refrendar su proyecto de unidad. El conflicto de Tigray ha creado un daño difícil de reparar al prestigio internacional de Ahmed y, lo que es todavía más grave, amenaza con hacer fracasar el modelo etnofederal de Etiopía.